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Viernes, 25 de mayo de 2018
ENTREVISTAS

1/5/2018

Fernando Martínez, responsable de memoria histórica del PSOE: “Este país solo pasará página cuando se hayan abierto todas las fosas”

El catedrático de Historia Contemporánea asegura que España necesita una Ley de Memoria Histórica “eficaz”
Miguel Ángel Artigas
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Fernando Martínez, durante su participación en las Jornadas de Teruel
Fernando Martínez, durante su participación en las Jornadas de Teruel

Fernando Martínez, Catedrático de la Universidad de Almería de Historia Contemporánea y responsable de Memoria Histórica del PSOE, visitó Teruel con motivo de las Jornadas de Memoria Histórica, donde defendió la necesidad de reformar la Ley de 2007 para que sea realmente efectiva. 

- ¿Por qué existe asimetría en el tratamientos de las víctimas de la guerra civil?

- La Memoria Histórica tiene sentido porque mientras que a las víctimas de los vencedores se les reparó económica y moralmente, con homenajes anuales, sobre las víctimas de los vencidos cayó la criminalización y la estigmatización. Lo que plantea la Memoria Histórica es la reparación de las víctimas que no han sido reparadas. Es sangrante que mientras que ya no existen víctimas de los vencedores en ninguna cuneta o fosa común, hay más de 114.000 personas del otro lado enterradas en fosas en España. En Paracuellos del Jarama no existe nadie metido en una fosa, pero en los Pozos de Caudé todavía quedan restos. Y eso no lo puede soportar una democracia consolidada. No es una cuestión de izquierdas o derechas, sino de democracia moderna.

- ¿Hacemos el ridículo ante la ONU por esta cuestión?

- Bastante. Viajo bastante por universidades de todo el mundo y cuando les digo que siguen existiendo fosas comunes en España se echan las manos a la cabeza. Y todas las organizaciones humanitarias internacional están continuamente requiriendo al Estado español que resuelva este problema. El relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, dice que en España existe un gran déficit de justicia y tiene razón. Desde el PSOE hemos hecho una proposición de ley de reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007, en la que planteamos que las exhumaciones, directamente, las asuma el Estado y los jueces, que es lo que pide la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del mismo modo que el Estado busca a alguien cuando desaparece, aplicando el artículo 15 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los datos serios y científicos que tenemos dicen que hay 114.000 desaparecidos y a esos los tiene que buscar la justicia. Hay que buscarlos, exhumarlos e identificarlos, y para eso es importantísima la existencia de un Banco Nacional de ADN. 

- En tres generaciones la identificación se complica, porque el ADN mitocondrial solo lo transmiten las mujeres... ¿Eso significa que hemos perdido definitivamente uno de los trenes, y que hay víctimas que jamás podrán ser identificadas al 100%?

- En algunos casos será muy difícil, incluso por las condiciones climáticas de algunos lugares a veces es imposible recuperar ADN utilizable de los restos. Pero en cualquier caso el Banco Nacional de ADN permitiría optimizar el número de familiares que puedan ser identificados y entregados. 

- ¿Cuando hablamos de reparación de qué hablamos? ¿De un simple reconocimiento, de la entrega de los restos para que sean enterrados, o de indemnizaciones?

- España hizo muchas reparaciones económicas entre 1978 y 2006. Parece que no se sepa y que la Memoria empiece ahora. Hubo una Ley de Amnistía que sacó a los presos de la cárcel y les dio derechos pasivos. A los carabineros se les dio un salario y a quienes habían estado en el Ejército de la República indemnizaciones; a las viudas de guerra, a los huérfanos y a la gente que había pasado años en la cárcel también... La Comisión Interministerial de 2006 que preparaba la Ley de Memoria dio un dato: 16.310 millones de euros se habían dado desde el Estado en reparaciones de carácter económico. Ahora en la reforma de la Ley planteamos que, además de tener como elemento clave y fundamental de la exhumación de las fosas, es importante la reparación moral, la investigación, las unidades didácticas, el reconocimiento público del Estado en relación con las víctimas que no han sido reparadas, y también que se contemplen las reparaciones económicas derivadas de las incautaciones de bienes y otras que correspondan. 

- ¿Los bienes incautados tras la guerra?

Claro. Siempre hablamos de la represión física, de los fusilamientos, de los batallones disciplinarios, del trabajo esclavo o de los campos de concentración... pero nunca de las depuraciones profesionales, o la incautación de bienes y la Ley de Responsabilidades Políticas. Yo he publicado una gran investigación sobre eso, se llama El botín de guerra en Andalucía, y en Aragón se ha hecho un trabajo similar, titulado Pagar las culpas, dirigido por Ángela Cenarro y Julián Casanova. Si a los Sindicatos y a los Partidos Políticos se le han devuelto sus bienes incautados, ¿por qué no a los particulares? En Alemania lo han hecho. 

- ¿Qué otros elementos tendría que incluir la reforma de la Ley de Memoria Histórica?

- También pedimos la ilegalización de las asociaciones que hagan apología del franquismo, del nazismo y del fascismo. Ilegalización. Y otro elemento fundamental es la Comisión de la Verdad. Tiene que existir igual que ha existido en tantísimos países en transición democrática. La Memoria Histórica ha desempeñado el papel de esta, pero al final una Comisión de la Verdad hace un informe final y una serie de recomendaciones, que es lo que tiene cimentar el futuro, para que sea un futuro de todos. De reconciliación, de concordia y de vivir juntos. Y eso pasa necesariamente por un informe final, igual que los que se han hecho en todo el mundo. No hay que pasar página a través del olvido, porque este país solo pasará página y cerrará sus heridos cuando se abran las fosas y se entreguen los cadáveres a sus familias.

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