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Lunes, 20 de agosto de 2018
TERUEL

14/2/2018

Juzgan a un transportista acusado de usar dispositivos de telepeaje de otra empresa

La Fiscalía cree que hubo estafa con tarjetas clonadas, no encontradas, para circular por autopistas francesas
Francisco Javier Millán
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Edificio de la Casa Blanca, sede provisional del Juzgado de lo Penal de Teruel donde tuvo lugar el juicio
Edificio de la Casa Blanca, sede provisional del Juzgado de lo Penal de Teruel donde tuvo lugar el juicio

La Fiscalía solicitó este lunes seis meses de prisión, además del pago de 14.204 euros en concepto de indemnización, para un empresario del sector del transporte de mercancías de Huesca por un presunto delito de estafa, al haber usado supuestamente unas tarjetas clonadas para el pago de telepeajes por autopistas francesas cuyo coste fue cargado en los primeros meses de 2014 a la cuenta de un transportista turolense. El caso quedóvisto para sentencia en el Juzgado de lo Penal de Teruel después de que la instrucción se hubiese iniciado hace cuatro años en un juzgado de instrucción de Lérida.

El ministerio público rebajó considerablemente la pena que pedía inicialmente para el acusado, de 3 años de prisión a solo 6 meses, al apreciar la atenuante por reparación del daño, ya que en mayo del año pasado fueron depositados 19.000 euros en el juzgado para indemnizar con la cifra que se estipulase a la empresa de Teruel perjudicada.

Solo la Fiscalía acusó, ya que la acusación particular la retiró después de que se consignara ese dinero en el juzgado hace nueve meses para indemnizar al empresario turolense del sector del transporte a quien le cargaron en su cuenta viajes por autopistas francesas que no había realizado, y que sí habían hecho en cambio camiones del empresario acusado con dispositivos clonados.

El acusado, A.J.B.G., empresario del sector radicado en Huesca, manifestó que no entendía qué había podido suceder. Explicó que para circular por las autovías compraba dispositivos de telepeaje a empresas distribuidoras y que cuando sucedió esto y le llamaron a declarar los Mossos d’Esquadra, ya que las diligencias judiciales se iniciaron en Lérida, dijo que no tenía problemas en abonar el dinero si se demostraba que había podido existir algún error.

A eso, a un error, achacó el acusado que se hubiera debido todo, bien por un equívoco en la facturación que se hace desde las autopistas de los telepeajes a través de las empresas mediadoras, o incluso por que él mismo hubiera podido ser estafado por alguno de los conductores que llevaban sus camiones.

Sobre esta última cuestión abundó al término de la vista cuando la jueza le otorgó la última palabra y el acusado dijo que desde el principio había mostrado predisposición a colaborar para aclarar todo cuando le llamaron a declarar los mossos. 

“No sé qué ha pasado”, manifestó, tras argumentar que él mismo había podido “ser también estafado”. Explicó que al principio, cuando ocurrieron estos hechos a principios de 2014, la primera duda que le vino a la cabeza es que hubieran podido ser los conductores que trabajan para él quienes hubieran hecho algo para beneficiarse ellos. 

A este respecto, el empresario oscense especuló con que bien podría haber sido alguno de sus chóferes quien utilizara tarjetas de telepeaje clonadas y que después el dispositivo de su empresa hubiese podido ser empleado con otros vehículos.

Asociados a una matrícula

Aunque estos aparatos van asociados a una matrícula y a un camión en concreto, este lunes se puso de manifiesto que en ocasiones pueden circular con otro vehículo sin necesidad de que lo haga siempre con el que está vinculado habitualmente al dispositivo.

Estos sistemas de telepeaje funcionan de forma automática cuando se circula por las autopistas, en este caso en las francesas, ya que los cargos que facturaron a la empresa estafada se hicieron por esas vías de comunicación. El aparato hace el telepeaje de forma automática y la empresa que gestiona la autopista factura a la empresa distribuidora, en este caso una firma española con sede en Lérida que carga el pago en la cuenta del transportista.

El representante de la empresa distribuidora de este dispositivo, que declaró por videoconferencia, explicó que cuando su cliente denunció lo que estaba pasando, los dos dispositivos de telepeaje con los que se le estaban facturando peajes se retiraron de la circulación y se depositaron ante notario. Con posterioridad se siguieron produciendo pagos con los mismos en autopistas francesas, con lo cual se determinó que estaban clonados y los estaban utilizando otros camiones.

El empresario estafado reconoció que al principio pensó que podía ser un error de la empresa distribuidora de los dispositivos con la que trabaja en España, pero que posteriormente comprendió que se los habían clonado. “Está claro que me copiaron los aparatos, aunque no sé de qué manera”, declaró.

Los mossos de la policía judicial aseguraron que no tenían constancia de un caso similar y que cuando identificaron los camiones que utilizaban esos dispositivos a través de las grabaciones de las autovías y citaron al empresario como investigado, este culpó a los chóferes y les comentó que con esas tarjetas nunca había tenido problemas aunque sí con las de gasoil. Los agentes declararon que el acusado les dijo que les daría el listado de los trabajadores pero nunca lo hizo.

El fiscal mantuvo su acusación por entender que la estafa se había consumado, aunque modificó a la baja la pena de prisión de 3 años a 6 meses, aplicando para ello la atenuante por reparación del daño causado. En este sentido pidió que el dinero consignado en el juzgado por el acusado hace nueve meses sirviese para indemnizar al perjudicado en la cantidad que reclama de 14.204 euros.

El abogado de la defensa pidió la libre absolución porque no había pruebas contra su representado ni que hubiera clonado ningún dispositivo, habiendo existido además siempre la predisposición del mismo de abonar el dinero en caso de demostrarse un perjuicio. Argumentó que de todo el asunto se conocía solo el final, que le pasaron al empresario afectado unos cargos indebidos y que su representado reparó el daño.

El letrado de la defensa calificó la situación de “kafkiana” fuera de la sala, puesto que la acusación particular había retirado la acusación después de que hace nueve meses se depositara un dinero en el juzgado para hacer frente a la indemnización. El caso se instruyó en Lérida pero después el juez se inhibió a favor de Teruel al ser un empresario de esta localidad el afectado.

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