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Lunes, 28 de mayo de 2018
SOCIEDAD

12/2/2018

Hemeroteca: El caso Fridetesa, un juicio a una “compleja trama financiero-mercantil”

Hace 25 años el propietario del matadero fue condenado a pagar 100 millones de pesetas
Elisa Alegre
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El proceso empresarial y judicial en el caso de Fridetesa tuvo un amplio seguimiento en la prensa a lo largo de meses y años
El proceso empresarial y judicial en el caso de Fridetesa tuvo un amplio seguimiento en la prensa a lo largo de meses y años

El caso del matadero de Fridetesa es de esos que, durante varios años, salpica de cuando en cuando la hemeroteca del periódico y hay que seguir el rastro en el tiempo. Hoy traemos a esta sección la situación del que era el principal matadero que abastecía Teruel porque en 1993 el caso de la "compleja trama financiero-mercantil", tal y como lo definía el juez, llegó a los tribunales, sentando en el banquillo al presidente del Consejo de Administración de Fridetesa, Ricardo Berna, acusado de falsificar documento privado y "maquinación para alterar el precio de las cosas". Junto a Berna tenía que haber sido juzgado Juan Martínez Hernández, propietario de Cárnicas del Mar Menor, por los mismos hechos, pero había fallecido diez días antes por enfermedad. En aquel juicio Gamboa fue absuelto por el Juzgado de lo Penal de Teruel pero meses después, la Audiencia Provincial le condenó a pagar una multa de 100 millones de pesetas por un delito de “maquinación para alterar el precio de las cosas”.

En el juicio, que se celebró el 25 de mayo de 1993, las acusaciones particulares y el ministerio fiscal solicitaron trece años de prisión menor para Gamboa, por presuntos delitos contra la libertad y seguridad del trabajo, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsificación, estafa y apropiación indebida.

Como acusación particular se personaron el Banco Vitalicio, que denunció los hechos sumándose a la querella presentada por el sindicato UGT en representación de los trabajadores del matadero, que pidieron además una indemnización de mil millones de pesetas. 

La vista, decía la crónica del juicio, "dejó sin dar respuesta a muchas de las incógnitas existentes" en torno a Fridetesa y la empresa arrendataria del matadero, Cárnicas del Mar Menor. Y también sirvió, decía el texto, "para reafirmar la compleja trama existente en torno a la gestión de dichas instalaciones en los últimos seis años, que ha hecho peligrar en varias ocasiones el abastecimiento de carne a la ciudad".

Problemas económicos

Hay que recordar que Fridetesa era el matadero que abastecía a la ciudad de Teruel, y los problemas económicos de la empresa habían llevado meses antes, tal y como recogía el periódico, a parones como el sufrido en marzo de aquel 1993 por la deuda de 70.000 pesetas con la empresa de suministro eléctrico. "El Ayuntamiento de Teruel, abocado a responsabilizarse de Fridetesa", publicaba el 19 de marzo de 1993 este periódico, citando los problemas de suministro eléctrico. "Como ocurrió hace dos años, el Ayuntamiento está obligado ahora a hacerse cargo de las instalaciones para que los carniceros de la ciudad puedan realizar sus maquilas. Si no se llega a un acuerdo rápido con el arrendatario del matadero, el Ayuntamiento tendría que acudir a juicio y la situación de cierre podría prolongarse bastante tiempo. El alcalde, Ricardo Eced, asegura que la ciudad no quedará desabastecida", decía la noticia.

Con este ambiente previo llegó la celebración del juicio, y en la vista oral que duró más de nueve horas, "quedaron en el aire algunas cuestiones que ya han sido objeto de otros procesos judiciales, algunos subjúdice, y se despejaron muy pocas incógnitas sobre los motivos que han llevado a la descapitalización y a la crisis al matadero de Fridetesa, al no poder comparecer en la vista el arrendatario de las instalaciones, Juan Martínez" según decía el texto periodístico.

Decía la crónica sobre la situación que vivía el matadero: "Los problemas que han llevado al matadero de Fridetesa a la crítica situación que atraviesa ahora se remontan a 1988, poco después de que las instalaciones fuesen adquiridas por Prodesa en un paquete que incluía en un principio otras dos propiedades. No obstante, según se vio ayer (por el 25 de mayo de 1993) en el juicio, los auténticos problemas surgieron cuando el Banco Vitalicio ejecutó una hipoteca por el impago, al parecer, de unas pólizas del plan de ahorro ejecutado". Fue entonces, continúa la crónica, a finales de 1989 "cuando un Juzgado de Barcelona a instancias del Banco Vitalicio sacó a subasta pública las instalaciones del matadero. A pesar de ello, un mes antes de realizarse la primera subasta, que quedó desierta al igual que la segunda, Fridetesa arrendó el matadero a Cárnicas del Mar Menor, propiedad de Juan Martínez Hernández".

Por este contrato eran juzgados ambos aquel año. "Finalmente, en la tercera subasta el Banco Vitalicio se adjudicó el matadero por 110 millones de pesetas, si bien el arrendatario de las instalaciones siguió siendo Cárnicas del Mar Menor, que al parecer formó sociedad con Campos y Bosques Ibéricos Corporación. La relación existente entre ambas sociedades no quedó ayer (día del juicio) del todo esclarecida en el juicio oral".

La crónica recordaba que desde 1988 hasta aquel 1993, el matadero había pasado por varios expedientes de regulación de empleo y diversos problemas laborales que redujeron la plantilla de 70 a los 12 trabajadores de entonces.

El fiscal del caso, Antonio Narváez, argumentó en sus conclusiones que tanto Martínez como Berna "habían cerrado el contrato de arrendamiento del matadero con la finalidad de “eludir a los hipotéticos postores” que concurriesen a la subasta de las instalaciones’. En su opinión, la intención de los empresarios no era "reflotar el matadero" y lo que hicieron fue “simular” un contrato de arrendamiento cuya finalidad era “perjudicar a terceros”.

Argumentó que habían descapitalizado “a conciencia” la empresa, "con la pérdida de puestos de trabajo e inseguridad laboral que ello supuso, argumento que también fue defendido por el abogado de UGT".

Absolución

Los detalles de la sentencia absolutoria se publicaron en el periódico el 24 de junio de 1993, "en base a la insuficiencia de pruebas de cargo contra el acusado", según recogía la crónica de este periódico. El dictamen, decía el texto periodístico, "estima que al no haber alcanzado una certeza imbatible" acerca de las acusaciones imputadas “resulta inviable un fallo condenatorio” en virtud de la presunción de inocencia, “en cuyo caso habría que hablar de insuficiencia de prueba de cargo”.

En la sentencia "el juez declara la imposibilidad de resolver dos cuestiones capitales para la resolución del caso: si hubo o no confabulación entre el presidente de Fridetesa y el propietario de Cárnicas del Mar Menor, y en caso afirmativo si ésta se produjo para crear un instrumento ficticio simulando un arrendamiento con objeto de causar un perjuicio al Banco Vitalicio y obtener un beneficio".

Ya entonces, tanto el abogado de Banco Vitalicio como el fiscal, anunciaron su intención de recurrir y el 7 de noviembre de 1993 se publicaba en este periódico el detalle de la decisión de la Audiencia Provincial de Teruel. En ese dictamen anulaba el contrato de arrendamiento a Cárnicas del Mar Menor del matadero, y dejaba las "manos libres al Banco Vitalicio", que era el propietario para hacer lo que considerara más adecuado con el edificio a partir de entonces. 

"El dictamen revoca la sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal" a favor de Ricardo Berna Gamboa, y le condenaba a pagar una multa de 100 millones de pesetas por un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas en la operación con Juan Martínez.

Impagos, compras y ventas

Con motivo de la celebración del juicio, el periódico recogía la historia de este matadero: "En 1988 iberCaja (entonces CAZAR), ejecutó una serie de impagos sobre los propietarios de las instalaciones y se hizo con el matadero en nombre de su filial GESER. Esta sociedad gestora de explotaciones y servicios vendió el matadero a Prodesa, cuyos accionistas con los mismos que los de Fridetesa (empresa que se constituyó para hacerse cargo de las instalaciones). El vicepresidente de Fridetesa y vocal de Prodesa, José Fernández Martín, declaró ayer (en el juicio el 25 de mayo de 1993) que la sociedad se compró sin solicitar un estudio de viabilidad porque el abogado Emilio Eiroa" -entonces presidente del Gobierno de Aragón- "les aconsejó que lo hiciesen".

El relato histórico continúa: "En principio, Prodesa adquirió el matadero junto a otras dos propiedades, que luego resultaron estar en alquiler o haber sido ya vendidas. IberCaja concede entonces a los nuevos propietarios un crédito de 700 millones de pesetas, que fue avalado por unas pólizas del plan de ahorro asegurado del Banco Vitalicio.

Una vez creada y constituida Fridetesa como sociedad propietaria del matadero, continúa el relato periodístico, "Banco Vitalicio ejecuta la hipoteca sobre el aval de los setecientos millones del crédito suscrito con iberCaja, y salen a subasta las instalaciones".

En el juicio, presidente y vicepresidente de Fridetesa declararon que la operación se ejecutó de forma correcta por su parte, mientras que "culparon al Banco Vitalicio de lanzar contra ellos un “ataque masivo” de entidades financieras para hacerlos fracasar, versión que fue negada por el letrado de la acusación".

En este contexto, Fridetesa arrendó el matadero a Cárnicas del Mar Menor, que con Juan Martínez al frente se hace cargo del negocio. Tras adjudicarse el banco Vitalicio el matadero por 110 millones de pesetas en la tercera subasta realizada por un juzgado de Barcelona, Cárnicas del Mar Menor continúa como arrendataria d las instalaciones, aunque entonces entra en juego un grupo financiero denominado CBI Corporación, si bien el control sigue en manos de Juan Martínez"”.

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